Un operativo realizado en la colonia Ciudad Aztlán dejó al descubierto una red de trata de personas con fines de explotación laboral, en la que autoridades estatales informaron del rescate de 18 víctimas, entre ellas cuatro menores de edad, provenientes de Venezuela, Colombia y México.
La acción fue encabezada por personal de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, con apoyo del Instituto Nacional de Migración y agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes ejecutaron dos cateos simultáneos el pasado 20 de junio. En ambos inmuebles, presuntamente utilizados como centros de retención y operación, encontraron a hombres, mujeres y niños en condiciones que apuntaban a una clara explotación.
De acuerdo con las investigaciones, las víctimas eran forzadas a vender boletos de rifas en diversas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara; aunque esta actividad parecía inofensiva, en realidad escondía una estructura de control y abuso que ya está siendo judicializada.
Uno de los presuntos responsables, Camilo Andrés “N”, ciudadano colombiano, fue detenido y presentado ante un juez: la Fiscalía lo acusa formalmente del delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral. Durante la audiencia inicial, se programó una nueva cita judicial para definir su situación legal el próximo jueves a las 8:30 de la mañana.
Mientras tanto, los inmuebles quedaron asegurados por las autoridades, y se ha iniciado un proceso de atención a las víctimas, las personas extranjeras fueron canalizadas al Instituto Nacional de Migración para la revisión de su estatus legal, mientras que la mujer mexicana y la menor de edad recibirán apoyo psicológico, legal y social por parte de la Vicefiscalía especializada.
Este caso vuelve a poner el foco en la problemática creciente de la trata de personas con fines laborales, una forma de esclavitud moderna que muchas veces opera bajo fachadas aparentemente legítimas. Las autoridades reiteraron su compromiso para desmantelar estas redes y garantizar justicia y protección a las víctimas.
Fuente: Milenio
