La salida del Fiscal de Michoacán genera tensión en el Congreso, impulsando reacomodos políticos y nuevas designaciones en cargos clave
La salida de Adrián López Solís de la titularidad de la Fiscalía General del Estado, generó mayor tensión en el Congreso de Michoacán en la ruta de definición de espacios que se avecinan.
Si bien fue ayer domingo cuando el Fiscal General dió a conocer públicamente su determinación para separarse del cargo, desde días antes se daba como un hecho su salida, la cual, venía cantándose de tiempo atrás.
La designación del nuevo Fiscal deberá ser procesada por el y el nombre que fuerte, es el del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, quien estaría optando por esta ruta luego de quedar harto de los procesos para cargos de elección popular. De ser el nombrado, deberá cargar ahora él con el mote de “Fiscal carnal”.
Poco a poco se han ido diluyendo los nombres de otros que buscaron allanar camino para arribar al cargo de Fiscal. Tal es el caso de Cesar Edwin Coria Sánchez, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien –todo indica- se quedará con las ganas.
La designación de un nuevo titular en la Secretaría de Gobierno deberá concretarse a la brevedad una vez que Carlos Torres asuma como Fiscal. Ya hay algunos nombres que empiezan a mencionarse, uno de ellos el de la secretaria de Educación, Gabriela Molina, y el otro el de la excontralora, Azucena Marín Correa.
Por lo pronto, Azucena Marín ya tenía su espacio reservado dentro del Tribunal Anticorrupción, que será otra de las designaciones a realizar este mes. Para lograr arriba a ese cargo renunció como contralora, y el Congreso hizo modificaciones a la Ley para que no tuviera impedimento legal.
La Fiscalía es uno de los muchos cargos que este mes habrá de definir el Congreso del Estado, sobre los cuales, se prevé hacer las designaciones en bloque la segunda quincena del mes. Hay quien dice que con ello, será una sola emisión de pago por evento a legisladores, ya que por paquete sale más económico que si se hace de forma separada.
El interés de diputados para colocar perfiles afines en los espacios se ha dejado sentir, para prueba, lo ocurrido durante las comparecencias de los aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde el arribo del actual comisionado de Víctimas, Josué Mejía Pineda, ya está planchado. El funcionario no sólo es respaldado por el Ejecutivo, sino también cuenta con el apoyo de madres buscadoras, colectivas, y víctimas de delitos.
Para presionar espacios, los diputados Anabet Franco Carrizales y Marco Polo Aguirre Chávez buscaron boicotear las comparecencias. Trascendió que su interés era posicionar como ombudsperson a Bárbara Ramírez Pedraza, actual subsecretaria en la Seimujer, consanguínea de la diputada Nalleli Pedraza, aunque también se comentó que la acción era con miras de otros cargos.
Con la designación de Josué Mejía en la CEDH, quedará acéfala la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, espacio que ya estaría comprometido para el Partido del Trabajo luego de sus quejas de no ser cogobierno. Ha trascendido que dos perfiles propuestos por el PT ya fueron vetados por el Ejecutivo: Brenda Fraga y Teresa Mora.
Al paquete de cargos por definir en el Congreso se suman los de auditores especiales dentro de la Auditoría Superior de Michoacán. Ahí habría ya el compromiso con el titular del organismo, Marco Antonio Bravo Pantoja, para que tenga mano en la definición del Auditor Especial de Fiscalización Estatal. También se prevé nombramientos para el de Normatividad, en donde se desempeñaba un encargado de despacho, así como en la de Fiscalización Municipal.
