Ciudad de México
Desde 2018 han persistido irregularidades por mal uso de recursos que el gobierno federal destina a los estados para el pago de nómina y operación de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo manejo involucra a gobiernos pasados de Michoacán.
Revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que son cerca de mil millones de pesos los daños al erario, derivados de presuntos fraudes, como pago a maestros ausentes de las aulas, financiamiento de trabajadores no identificados en sus centros laborales y pago a personal docente o administrativo ya fallecido, señala una publicación de El Universal en su edición de este 18 de junio.
El diario expone que esta situación impacta con más fuerza en los estados donde opera y mantiene un control histórico la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero.
Agrega que las inconsistencias presupuestales se han detectado en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), y mantiene un patrón sistémico que se repite año con año.
Señala que en la Cuenta Pública 2018, la ASF determinó daños iniciales por 221.4 millones de pesos dentro de este fondo federalizado. En ese ejercicio, se detectaron pagos por 661.7 millones de pesos a trabajadores que no pudieron ser localizados en las escuelas, sumados a 73.7 millones de pesos entregados de forma irregular a personal que gozaba de licencias laborales.
La información periodística de la pluma de Antonio López Cruz pormenoriza que para los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, se detectó que 21 gobiernos estatales destinaron más de 156.4 millones de pesos de recursos federales exclusivamente para pagar las nóminas de profesores y trabajadores de la educación que ya habían fallecido.
La fiscalización comprobó que las administraciones locales realizaron 27 mil 854 pagos ilegales en beneficio de 4 mil 160 empleados difuntos a nivel nacional. Sólo en 2020, el desembolso a personas fallecidas ascendió a 107.9 millones de pesos.
Entre los estados que se negaron a comprobar o solventar el destino de estos recursos destacaron Michoacán y Oaxaca, dejando una bolsa pendiente de aclarar de 7.2 millones de pesos en ese rubro.
Para el año 2021, los presuntos daños a la Hacienda dentro del FONE sumaron 262 millones 712 mil 100 pesos. Aunque Nayarit registró la cifra más alta de presuntos daños al erario, el estado de Michoacán, bastión de la Sección 18 de la CNTE, volvió a figurar en el dictamen técnico.
El caso Michoacán
La fiscalización de la ASF, señala El Universal, comprobó que el gobierno michoacano emitió pagos a empleados con licencias sin goce de sueldo, personal con baja definitiva y trabajadores fallecidos, con un daño por 2 millones 907 mil 900 pesos.
“En la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el Gobierno de Michoacán de Ocampo presentó incumplimientos de la normativa, ya que realizó pagos a trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo, después de la fecha de su baja definitiva de la dependencia, y a trabajadores identificados como decesos durante el ejercicio fiscal 2021 o ejercicios fiscales anteriores por un monto de 2 millones 907 mil pesos”, de acuerdo con la auditoría número 2021-A-16000-19-1130-2022.
