La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó que el Estado mexicano es responsable por la violación sexual, la tortura y la muerte de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario, ocurridas en febrero de 2007 a manos de militares en la sierra de Zongolica, Veracruz.

Esta decisión internacional reafirma que las agresiones ocurrieron durante el despliegue militar implementado en la llamada guerra contra el narcotráfico durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón.  

La sentencia, definitiva e inapelable, concluye que México no garantizó el derecho de Ascencio a recibir atención médica adecuada tras las graves lesiones ocasionadas por los soldados, ni llevó a cabo una investigación con la debida diligencia, particularmente tratándose de una mujer indígena de 73 años que hablaba únicamente náhuatl; además, se señala que la pesquisa se cerró de forma prematura y sin perspectiva de género, étnica o interseccional.  

De acuerdo con el fallo, los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2007, cuando Ascencio fue encontrada malherida cerca de un campamento militar. Antes de morir dos días después, relató a su hija, en su lengua materna, que “los soldados se me vinieron encima”.

La Corte concluyó que la agresión sexual constituyó un acto de tortura, al haber sido intencional y con fines de degradar, humillar e intimidar a la víctima.  

El tribunal también estableció que el Estado violó diversos derechos reconocidos en tratados internacionales, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la no discriminación y al acceso a la justicia, a la verdad y a la protección judicial.  

Las autoridades mexicanas recibieron la notificación del fallo en San José, Costa Rica, donde representantes del Gobierno, incluidos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estuvieron presentes junto con los abogados que representan a los familiares de Ascencio.  

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Entre las medidas ordenadas, la CoIDH instruyó al Estado a llevar a cabo una investigación penal seria y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como a implementar acciones de reparación integral para los hijos de la víctima y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad.  

Además, la sentencia exige que México mejore la atención en servicios de salud y justicia para comunidades indígenas, incluyendo la provisión de intérpretes y traductores que faciliten la comunicación, y que garantice que hechos similares no se repitan en el futuro.  

El Estado tiene un año para presentar un informe detallado sobre las acciones que ha adoptado para cumplir con las obligaciones impuestas por la Corte, que supervisará el cumplimiento integral de la sentencia internacional.  

Fuente: La Jornada